Este lunes 1° de febrero, con la publicación en Gaceta Oficial de la reforma de Ley de Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (Ley de Depabis), quedó oficialmente suprimido, lo que ya no existía de hecho: El derecho de propiedad y de libertad de empresa en Venezuela.
El Gobierno reformó la Ley de Depabis bajo la premisa de que le sirviese como instrumento para controlar la inflación, bajo el supuesto de que ésta se origina del acaparamiento y la especulación de los empresarios, y no de la errada concepción de su proyecto comunista.
El reformado artículo 6 establece explícitamente el exterminio de toda actividad empresarial cuando:
1) Declara que son de utilidad pública e interés social “todos los bienes necesarios para desarrollar actividades de producción, fabricación, importación, acopio, transporte, distribución y comercialización de bienes y servicios”.
2) Establece que el Ejecutivo Nacional podrá iniciar la expropiación de los bienes sujetos a esta Ley, sin que la Asamblea Nacional haga la declaratoria previa de utilidad pública e interés social del mismo.
3) Implanta “la medida de ocupación, operatividad temporal e incautación mientras dure el procedimiento expropiatorio”.
4) Le otorga total discrecionalidad a cualquier órgano o ente "competente" del Ejecutivo Nacional para materializar la expropiación mediante posesión y puesta en operatividad inmediata del bien o servicio sujeto a la Ley. Ese órgano o ente "competente" también asumirá la administración y aprovechamiento del establecimiento, local, bienes, instalaciones, transporte, distribución y servicios del bien expropiado.
Esta reforma de Ley es un traje hecho a la medida por la Asamblea Nacional, para cubrir de “legalidad” la arbitrariedad y el robo continuado de empresas y propiedades que viene haciendo el Gobierno de Hugo Chávez desde hace años. En el nuevo texto de la Ley de Depabis, quedan excluidos el Debido Proceso, el Derecho a la Defensa y el Estado de Justicia en lo que respecta a toda la actividad productiva privada.
En adelante se perpetuará la “Teoría de la Bóveda del Miedo” que planteó el analista Luis Vicente León, según la cual los gobiernos totalitarios modernos tratan de controlar a las sociedades “sin necesidad de matar, expropiar y apresar a todo el mundo porque no pueden”, dado que estas tácticas no le son rentables políticamente. Por eso intentan “congelar a las sociedades que controlan a través del miedo que genera el ataque a los símbolos que la representan”.
Ahora con el péndulo de esta draconiana Ley de Depabis sobre sus cabezas, la mayoría de los empresarios y comerciantes tragarán fuerte y acatarán la exigencia del Gobierno de no tocar los precios de los bienes y servicios en inventario a pesar de la devaluación y la inflación. Peor aún, es posible que también prolonguen el congelamiento de precios cuando repongan sus inventarios, por el temor de ser penalizados no sólo con la expropiación de sus bienes sino con multimillonarias multas e incluso con prisión.
De imponerse esta perniciosa práctica, las consecuencias serán la quiebra a granel de empresas y la parálisis de la economía de un país que se sumirá en la escasez y la miseria.
Fuente: VenEconomia.com
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