COMUNICADO ELIGIO CEDEÑO
Como es del conocimiento público, el pasado 10 de diciembre el Tribunal de
Control 31 de Caracas, a cargo de la Juez María Lourdes Afiuni, me otorgó
una medida de libertad condicional, luego de estar detenido
“preventivamente” sin ser juzgado durante 2 años y 10 meses.
públicamente. Mi primer pensamiento va hacia esa juez valiente,
recientemente designada para la atención de mi caso, a quien conocí el día
de mi presentación en su Tribunal; y quien hoy paga con cárcel su
independencia, exponiendo crudamente ante el mundo la verdad del
sistema judicial venezolano; y mi sentimiento solidario a las decenas de presos políticos que hoy están en nuestras cárceles por pensar distinto y expresarlo
públicamente.
El Presidente Hugo Chávez y la Fiscal General Luisa Ortega Díaz, entre
otros, han fortalecido mi causa al mentir públicamente, evidenciando sin
lugar a dudas, mi condición de Preso Político. Convenientemente, obvian que
en Febrero 2007 me presenté voluntariamente ante las autoridades, a
enfrentar la situación judicial en la que me involucraban y por la que he
debido ser procesado en libertad; hacen caso omiso a que mi juicio fue
interrumpido abruptamente en junio del 2008, cuando un Tribunal mixto estaba
a pocas horas de emitir su veredicto en un juicio que duró más de 2 meses
y que seguramente me hubiera favorecido. Mantenerme preso por casi tres
años, sin juicio, como ha sido reconocido nacional e internacionalmente es
humanamente inaceptable, viola las Leyes de Venezuela y el sagrado Derecho
Humano a la Libertad; sin mencionar lo forjado del cargo de distracción de
recursos financieros del que se acusa.
Estos son los hechos ciertos que antecedieron a mí libertad condicional.
Ante la evidente negligencia de la Fiscalía, quien con sus típicas tácticas
dilatorias, no acude a las audiencias convocadas en los casos de presos
políticos, y en presencia de dos representantes de la Procuraduría General
de la República, la Juez, Dra. Afiuni, reconoció que la ausencia por segunda
vez consecutiva de la Fiscalía, demostraba una evidente falta de interés del
Ministerio Público, violando mi Derecho a un Juicio Justo. NO fue celebrada
la audiencia, como aseguran falsamente el Presidente Chávez y sus
colaboradores cercanos; de hecho, la audiencia fue nuevamente diferida. Sin
embargo, ello no impedía a mis abogados ratificar en ese acto público y en
presencia de otros representantes del Estado Venezolano, a quienes se les
pidió opinión, la solicitud de revisión de la medida privativa de libertad,
dado que me asistía el derecho, consagrado en la Ley, a solicitarla cuantas
veces considerara conveniente.
En esta ocasión, ratificamos nuevamente mi solicitud de ser juzgado en
libertad y presentamos al Tribunal la medida del Grupo de Trabajo sobre
Detención Arbitraria que integra el Alto Comisionado de Derechos Humanos de
la Organización de las Naciones Unidas (ONU), emitida el pasado mes de
Septiembre, que reconoce el carácter arbitrario de mi detención y pide mi
procesamiento en libertad. Conforme a la Ley; a la opinión de la ONU
presentada; ante la ausencia injustificada de la Fiscalía; y sin objeciones
de la Procuraduría General de la República presente en el acto; la Juez de
Control, Dra. Afiuni, procedió en ese acto público a concederme la medida
sustitutiva de libertad condicional, bajo un régimen de presentación cada 15
días y prohibición de salida del país.
A pesar de la intencional desinformación gubernamental sobre el tema, debo
recalcar que la decisión de la Juez fue emitida en un acto público, en
presencia de la Procuraduría General de la República y considerando la
recomendación de las Naciones Unidas. La Juez emitió su decisión basada en
nuestros preceptos legales y en los Tratados Internacionales suscritos por
Venezuela que tienen carácter de Ley y son de obligatorio cumplimiento.
Los atropellos del cual han sido victimas la Juez, el personal del Tribunal
y mis abogados me causan profundo pesar, y son inconcebibles en una
República de Justicia y de Derecho, donde existen procedimientos legales
para cuestionar la decisión de un Juez y no el capricho personal de quienes
se sienten poderosos y dirigen la justicia a su conveniencia y por motivos
políticos.
Miente el Presidente Chávez al decir que existían papeles previamente
firmados por los abogados y los funcionarios. Miente la Fiscal General de la
República Luisa Ortega Díaz, al calificar de irregular que los alguaciles,
cumpliendo la orden judicial, me sacaran de la Sala de Audiencia y miente al
afirmar que lo hicieron por una puerta escondida. Los alguaciles me llevaron
desde la Sala de Audiencia hasta el Tribunal, donde en ese momento estaban
en los pasillos los fiscales que declararon “no poder asistir” a la
audiencia suspendida. Esperé en dicho Tribunal, hasta que se me informó que
podía retirarme, y es solo entonces cuando los alguaciles me acompañan hasta
la planta baja, donde queda la puerta principal del Palacio de Justicia, por
donde salí por mis propios medios. El gobierno utiliza un juego de palabras
al señalar que no hubo boleta de excarcelación. Ella no era necesaria
puesto que no estaba en la cárcel, sino en un Tribunal, donde la autoridad
judicial dictó y firmó una orden, permitiendo, como reza la Ley, enfrentar
mi Juicio en libertad bajo las condiciones ya conocidas.
La subversión de las normas legales de la República; la violación y el
atropello de la autonomía judicial; la violación a mis Derechos Humanos y
los de las personas que se encontraban en el Tribunal; la abusiva actuación
del Presidente de la República, cuando, a través de todos los medios de
comunicación venezolanos, acusó, juzgó, condenó y dictó sentencia contra la
Juez, los alguaciles y hasta contra mis abogados, sin investigación previa
ni juicio alguno, demuestra cómo funciona la Justicia en Venezuela y cómo se
subroga a los caprichos del Presidente de la República, quien autoerigiéndose
en Juez, ordenó pena máxima para la juez por actuar conforme a la Ley. Dicha
sanción no está tipificada en nuestro marco legal, ni existe delito alguno
en la decisión autónoma y legal de la Juez. El Presidente de la República no
está facultado para juzgar y sancionar a ningún miembro del Poder Judicial,
constitucionalmente independiente y autónomo. Su actuación evidencia una vez
más la precaria institucionalidad venezolana, generando alarma mundial.
Mi condición de preso político del régimen chavista por tener opiniones
distintas, ha quedado más que ratificada No tuve otra opción que abandonar
mi país, más aún, cuando se ordenó buscarme vivo o muerto, como lo
transmitieron los medios de comunicación, es decir ordenándose mi asesinato.
He sido un preso político. Mi detención ha sido claramente discriminatoria.
Me han violado mis Derechos a la presunción de inocencia, al debido
proceso, a un juicio justo y oportuno y a que se me aplique la Ley. Muy
tristemente, en estas navidades y días festivos la Juez Afiuni se encuentra
en las mismas circunstancias que yo viví: detenida arbitrariamente,
violándole sus Derechos humanos y legales consagrados en las leyes
Venezolanos y en Tratados internacionales suscritos por Venezuela.
Por las razones antes expuestas y ante las arbitrariedades y abusos
judiciales contra mi persona y otros prisioneros políticos, me fui a los
Estados Unidos de América donde existe y se respeta el Derecho
Internacional.
La alegría de recuperar la libertad y reencontrarme con mi familia sólo
serán completas cuando las personas agraviadas, perseguidas y encarceladas
por cumplir la Ley sean reivindicadas y reconocida su inocencia, y cuando en
Venezuela no haya un preso político porque se haya recuperado la verdadera
democracia.
*Eligio Cedeño*
25 Diciembre de 2009
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