Ante la pasividad del Gobierno de España por las confiscaciones de propiedades que ocurren en Venezuela.
La presidenta del PP de Tenerife requiere respuesta diplomática a la manifiesta vulneración de derechos a la comunidad canaria en el país
Se comprometió con la Unión Canario Venezolana a presentar una moción en este sentido en el Parlamento de Canarias
La presidenta del Partido Popular de Tenerife, Cristina Tavío, reclamó hoy al Gobierno de España que abandone su postura de “total pasividad” ante la manifiesta vulneración de derechos a la comunidad canaria en Venezuela, que sigue sufriendo amenazas y reiteradas expropiaciones en sus propiedades por parte del Gobierno de la República Bolivariana.
Tras haberse reunido con una delegación de Unión Canario Venezolana (UCVE), Tavío, también diputada en el Parlamento de Canarias, manifestó que el Grupo Popular presentará una moción para instar una respuesta diplomática de España ante casos como el de Hato La Vaca, Agroisleña, Los Caños o el Complejo García Hermanos S.A., grupos empresariales fundados por canarios que se han nacionalizado sin razones objetivas ni indemnización a cambio.
Cristina Tavío manifestó su preocupación por la denuncia de UCVE respecto a que incluso ya se está procediendo a la expropiación de inmuebles destinados a convertirse en primera vivienda, sin haber sido entregadas a sus propietarios, un proceso que también podría afectar a la comunidad canaria en Venezuela.
El presidente de UCVE, Agustín Rodríguez, remarcó que este proceso afecta a ciudadanos que están todavía preparando las escrituras de sus viviendas, que ya han entregado dinero a cuenta, y que son víctimas de una expropiación con argumentos poco consistentes, como defectos de la construcción del edificio.
En el encuentro se puso de relieve que el Gobierno que encabeza Hugo Chávez prosigue decretando expropiaciones y ocupación forzosa de terrenos y empresas sin el debido proceso y vulnerando los derechos de ciudadanos y empresarios que desarrollan sus actividades en territorio venezolano.
Según remarcaron a la presidenta del PP de Tenerife, estas empresas de éxito y tradición podrían seguir el mismo camino que otras que han pasado a manos del Estado, que han sido mal gestionadas y conducidas en muchas ocasiones a la ruina.
Por estas razones, comentaron, se han dirigido tanto al Gobierno de España como al de Canarias para requerir una acción contundente que evite que muchos canarios emigrantes a Venezuela sigan perdiendo sus propiedades, y se avance en el camino de la restitución de la libertad y el disfrute de los derechos humanos en el país.
Los portavoces de UCVE denunciaron la “complacencia” del Gobierno Español en la materia y urgieron al Partido Popular a instar una declaración de repulsa ante las reiteradas ocasiones en que se vulneran los derechos de ciudadanos españoles que han visto cómo se les arrebatan sus propiedades.
Citaron ejemplos como El Hato La Vaca, finca perteneciente a la familia Solórzano desde 1965, situada en el estado Guárico, con 33.000 hectáreas y 120 empleos directos e indirectos, dedicada a frutales, cereales, ganadería y hasta acuicultura, expropiada sin el pago de justiprecio hace cinco años.
También se citó el caso del Complejo García Hermanos S.A. (Gaisa), ubicado en el Estado Bolivar, cuya ocupación forzosa se decretó en octubre de 2010, que engloba a tres empresas propiedad de oriundos de Canarias, entre ellas el Grupo Friosa, de gran volumen de negocio y del que dependían cientos de empleos directos.
Agroisleña, cuyos bienes fueron adquiridos por el Gobierno Venezolano también el pasado mes de octubre, es el caso más reciente, y supuso la expropiación de una empresa destinada al suministro de fitosanitarios, riego y semillas a unos 18.000 productores de toda Venezuela, con miles de empleos directos. Fue fundada en 1958 por Enrique Fraga junto a un grupo de seis personas, procedentes todos ellos de las Islas.
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