Solo hay un lugar en el mundo en el que se pueda nacionalizar a la tercera empresa española más importante por volumen de inversión sin que el ministro del ramo, el recientemente cesado Miguel Ángel Moratinos, ponga una sola pega. El ex ministro traspasa a su sucesora, Trinidad Jiménez, una agenda internacional cargada de guerras abiertas, como el de Venezuela. Agroisleña es el último caso en sufrir en sus propias carnes la dureza de la mano de Chávez al expropiarle sus tierras por decreto.
Agroisleña presumía hasta el pasado 3 de octubre de ser un grupo empresarial de origen canario que suponía, sólo superado por Telefónica y BBVA, la tercera firma española con más inversión en Venezuela. Un gigante con pies de barro que Chávez se ha llevado por delante sin miramientos y de la noche a la mañana. El polifacético y siempre sorprendente presidente venezolano anunciaba la intervención, o mejor dicho, confiscación de la empresa, en su programa dominical Aló Presidente. Dicho y hecho. Al día siguiente y con la fuerza militar de su lado, la empresa era oficialmente nacionalizada. Desde entonces se da a conocer como Agropatria.
“La intervención fue muy violenta”, explica el senador de Coalición Canaria, Narvay Quintero, quien este mismo miércoles se reunía en la Cámara Alta con Luis Enrique Fraga, el actual dueño de la empresa, y su equipo, que llegó hasta España desde Caracas buscando la respuesta que Exteriores todavía no le ha dado. Al llegar, se encontraron con que Moratinos seguía siendo Moratinos pero no Ministro de Exteriores. Que las cuentas, ahora, se las tenían que rendir a Trinidad Jiménez.
“Los militares entraron en las instalaciones de manera brusca y con gases lacrimógenos. De hecho, varias personas resultaron heridas porque hasta los propios trabajadores no querían que la empresa fuera intervenida”, añade. Pero también ha sido muy violento en el plano de lo moral, "porque el Gobierno ha difundido por televisión unos anuncios en los que se acusa a la empresa de negreros, de contaminar al pueblo con productos ilegales en Venezuela o diciendo que pagaban salarios por debajo del sueldo mínimo”.
Los orígenes de Agroisleña se remontan a 1958, cuando el emigrante canario Enrique Fraga la fundó. Al cierre de 2009, la empresa exportaba a más de 15 países de toda Sudamérica, generaba más de 2.500 empleos directos y unos 12.000 indirectos en Venezuela y representaba, aproximadamente, el 65% de la producción en el sector. Una firma demasiado golosa como para no pasar inadvertida a ojos del líder bolivariano.
El Estado venezolano comenzó en abril los intentos de apropiarse de la compañía. Primero, mediante una propuesta verbal de conformar una empresa mixta con el grupo. Los herederos de Enrique Fraga y la propia embajada española enviaron en junio varias cartas al presidente Chávez y otros altos cargos del Gobierno para establecer una fallida mesa de diálogo. Pero poco cabe hacer ante las amenazas del régimen a las empresas españolas, tal y como confesó el propio embajador, Damasio Lario, al ministro Moratinos en un telegrama interno en el que señalaba que solo cabe “aguantar y negociar lo mejor que se pueda”.
La familia no habla para agilizar y cobrar la indemnización
Los familiares y miembros de la familia Fraga no quieren hablar con la prensa. Una vez que ya han dado por perdido el recuperar la compañía, su único consuelo es recibir una indemnización, aunque saben que no recibirán ni el 10% del coste real de la empresa. Al día siguiente no tenían acceso ni a los correos electrónicos. Ya nada era suyo.
El senador canario ha visto la indefensión que han traído los afectados a España. "Les han confiscado toda la documentación de la empresa. Así no pueden reclamar nada en el convenio bilateral de la indemnización que les corresponde". Por eso andan con cautela. Por eso no quieren contar más entresijos de la operación Chávez.
Ahora sólo les queda esperar hasta el lunes o el martes, la fecha marcada en el calendario para cerrar un encuentro con la nueva ministra de Exteriores. Una vez sentados en la misma mesa, ellos tienen muy claro lo que piden: Que cese la campaña que desde el sistema de medios de Venezuela se hace en contra de las empresas, sus directores y trabajadores; que se garantice la integridad física de los directores, trabajadores y accionistas; que se abstengan de abrir procesos de naturaleza penal contra ellos y que se pase a una negociación amistosa y razonable. Asimismo, piden que se garantice el debido proceso, se determine con celeridad el precio justo y que dicho precio o indemnización sea pagado en forma expedita y en moneda libremente convertible. "Que se respeten y cumplan voluntariamente los términos del Tratado de Promoción y Protección de Inversiones suscrito entre España y Venezuela y actualmente vigente.
fuente: elconfidencial.com
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