07 abril, 2010

El voto de los españoles en el exterior enciende las alarmas.

Francisco Ruiz cree que los cambios que se anuncian en la Loreg son inconstitucionales
El presidente del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE), Francisco Ruiz, está alarmado ante las informaciones que han surgido respecto a las posibles modificaciones de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg) para los españoles residentes en el exterior, que considera fundamentalmente “medidas anticonstitucionales”, además de “un despropósito”, y ante las que destaca sobre todo que espera que no se hayan tomado en ningún sitio y no constituyan más allá de rumores o “globos sonda”, según afirmó la semana pasada a ‘Crónicas de la emigración’.

Ruiz remarca su convicción de que esas medidas –de las que informó este semanario en el número anterior– serían insconstitucionales y recuerda que el Consejo General siempre ha defendido, y él como su presidente mantiene, la plena participación de los españoles residentes en el exterior en la vida pública del país y su representación en ambas cámaras parlamentarias, Congreso y Senado, en la misma proporción y condiciones que rigen para los españoles residentes en el país.

También recordó que el CGCEE encargó en su momento, cuando se consideraba la reforma del Senado y la posible representación del colectivo en el exterior en esta Cámara, dos informes a sendos constitucionalistas y no descarta la posibilidad de que encargue un tercero en esta ocasión, especialmente cuando se ha informado de que se plantea una nueva lectura de la Constitución en cuanto a la participación en las instituciones de los españoles residentes en el exterior.

Informe sobre la constitucionalidad de las medidas

Este asunto será a buen seguro protagonista de urgencia de la reunión que la Comisión de Derechos Civiles y Participación del CGCEE tiene previsto celebrar en Madrid el próximo día 12, donde posiblemente se plantee la petición de ese tercer informe sobre la constitucionalidad de la representación de los españoles residentes en el exterior.

Al presidente del Consejo General no le convence en absoluto que después de más de treinta años de vigencia de la Constitución española y tras más de cuatro en vigor del Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior, ley que la desarrolla para este colectivo y del que resalta que fue aprobada por unanimidad en el Parlamento, se pueda hacer una interpretación de la Carta Magna con las restricciones que se anuncian para el colectivo que representa.

El Estatuto

En este sentido recuerda que el artículo 4.1 del Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior (ECEE) dice que “los españoles que residen en el exterior tienen derecho a ser electores y elegibles, en todos y cada uno de los comicios, en las mismas condiciones que la ciudadanía residente en el Estado español, en los términos previstos en la normativa de aplicación”.

Incluso avanza que, de continuar adelante con las medidas que se anuncian, el CGCEE consideraría todas sus posibilidades de actuación “porque nos estarían quitando toda la legitimidad”. “¿Para qué serviría entonces el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior? ¿Y los Consejos de Residentes Españoles?”, plantea.

Se resiste a decir que recurrirían al Tribunal Constitucional “porque sería muy ligero por mi parte y, además, habría que ver si podríamos hacerlo”, pero insiste en que considerarían todas las posibilidades.

Comenta que también le consta la preocupación de algunos de los miembros del Consejo General ante estas noticias.

Por otra parte, Ruiz considera que con una circunscripción parlamentaria propia de los españoles residentes en el exterior que tenga representación en ambas Cámaras “se puede hablar de muchas cosas”, como, por ejemplo, de si en ella existen o no ayuntamientos y parlamentos autonómicos”.

Sobre los senadores

Pero valora que esto es radicalmente distinto a lo que ha trascendido, una situación en la que, dice, “se nos quitarían los derechos que nos reconoce el Estatuto y a cambio se nos ofrecen quimeras como la de cuatro o cinco senadores en representación de la ciudadanía exterior”.

“¿Para qué estos senadores si en España el Senado no sirve para nada y su reforma tampoco se ha concretado a pesar del tiempo que lleva anunciada? ¿Y en qué medida además podríamos votar para el Senado si lo que se anuncia es el voto por correo rogado?”, plantea.

“Parto de la idea de que todos los españoles somos iguales, de que en el exterior hay cerca de un millón y medio, y me pregunto por qué no se plantean medidas similares para los vascos, que son un 1.700.000, o para los extremeños que son menos, o para los riojanos, que son menos aún”, añade.

Además, aprecia que con la salida de Consuelo Rumí de la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración se ha cerrado un ciclo y que los consejeros generales están un poco a la expectativa “de lo que se pueda hacer ahora”.

Los consejeros generales, contrarios a la limitación del voto para los emigrantes
Los consejeros generales de la Ciudadanía Española en el Exterior se muestran a Crónicas de la Emigración totalmente en desacuerdo con los cambios previstos en la LOREG y que suprimiría su derecho electoral en las elecciones autonómicas y municipales. Argumentando que no debe haber diferencias entre los residentes en el territorio y los del exterior, los consejeros reclaman poder mantener su derecho a voto en todos los comicios electorales.

Respecto a la posible creación de una circunscripción propia, el acuerdo no es unánime, ya que unos consideran que debería tener una representación propia mientras que otros quieren seguir participando de igual manera en las elecciones generales.

El voto en urna también suscita una reacción unánime, ya que todos coinciden en que es necesario pero no debe ser obligatorio, ya que en los sitios donde instaurar una urna sea difícil se debe seguir permitiendo el voto por correo.
 
Félix Alfonso Barbero Martín, consejero y presidente de la Federación de Centros Españoles de Venezuela
Comienzo por recordar el art. 14 de nuestra Constitución “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.

Art. 68.5 “Son electores y elegibles todos los españoles que estén en pleno uso de sus derechos políticos”

Art. 9.2 “Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”.

Art. 23 “Los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal”.

Art. 13.2 “Solamente los españoles serán titulares de los derechos reconocidos en el art. 23, salvo lo que, atendiendo a criterios de reciprocidad, pueda establecer por tratado ley por el derecho de sufragio activo o pasivo en las elecciones municipales”.

He mencionado los anteriores artículos con la convicción de que si se llegara a la supresión del voto en las municipales y la limitación de las Autonómicas cosa que dudo que se haga, se estaría violando los principios de nuestra Constitución, si ha llegado a mis oídos y he podido ver declaraciones tan nefastas, absurdas, sin comprensión, ni consideración, como la de que “gente que nunca vivió en Galicia, pueda acabar por condicionar y decidir el resultado de una elección”. A quién temen, por qué cuando España estaba en condiciones económicas lamentables no se hablaba de esta forma, de los españoles que valientemente estaban fuera de sus fronteras para ayudarla a salir adelante. ¿Ahora nos quieren borrar de las estadísticas?. Que poca vergüenza y consideración, por ello dudo de que la comisión que analiza la reforma en Congreso lo haga, debemos ser prudentes y esperar lo que resuelva en este sentido, más aún el Estatuto de la Ciudadanía Española en el exterior avala nuestro derecho al voto del emigrante; hemos expresado siempre y en varias oportunidades que se ha debido consultar a una comisión del CGCEE.

Lo que si observo con onda preocupación es que 4.2 millones de extranjeros en España con tarjeta de Residente, si puedan condicionar el resultado de una elección, cosa que de esta forma parece aprobarse, pero si reprobarse de los españoles que tanto dieron por España.

De los españoles que estén temporalmente fuera de España por razones de trabajo. O estudios, me parece excelente que puedan votar en cada una de las elecciones, extender los derechos es lo deseable. De la representación de 4 ó 5 Senadores, tendríamos que valorar bajo que términos y condiciones se darían y ver su alcance.

Voto en urna

De la implantación del voto en Urna en el exterior, ha sido una propuesta de la Federación de Centros Españoles de Venezuela, FECEVE; al observar en el voto actual que se ejerce por correo poca transparencia y garantías del mismo; como son el que muchos españoles no lo reciben, les llega tarde, terceras personas usurparon los sobres en las oficinas de correo regional, en otros casos es manipulado por personas que les llenan lo que ellos consideran, en otros casos el voto después de depositado en las oficinas; no sale para España, votan hasta los fallecidos, por ello esta Federación hizo consideraciones y una propuesta solicitando que se llevara a cabo el voto en urna, no limitando la participación y una vez finalizado el proceso se elaboraran las actas correspondientes y se diera a conocer los resultados del conteo de votos y darlo sobre todo a conocer públicamente, es una solución para países como Venezuela que tiene un numero apreciable de votantes. Se plantean nuevas formas de hacerlo que no son desestimables como el voto electrónico con el uso de Internet, lo cual apoyamos.

Sólo me queda concluir que aspiramos a la igualdad de Derechos de los españoles que vivimos fuera, con los que residen en España; como contemplan las leyes, lo contrario sería ingrato y nefasto. Un país se mide como trata a sus ciudadanos fuera de sus fronteras.
 

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